La Comisión Europea denunció a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por no aplicar correctamente la norma comunitaria que obliga a reducir de forma significativa el consumo de energía de los edificios.
De acuerdo con la legislación española, el método para calcular el ahorro energético de los edificios y los requisitos de entrega de un certificado de eficiencia energética se aplican no a todos los tipos de edificios, como defiende la Comisión, sino únicamente a los edificios nuevos y a los que sufran una renovación importante.
Sin embargo, la directiva comunitaria 2002/91 dispone que los Estados miembros deben fijar un método para calcular la eficiencia energética de todos los tipos de edificios y normas mínimas de eficiencia energética para los edificios nuevos y los grandes edificios existentes que sean objeto de una renovación importante.
“Se trata de un aspecto fundamental del derecho europeo, ya que el certificado de eficiencia energética previsto ofrece una visión clara de la calidad de la construcción desde el punto de vista del ahorro de energía y los costes asociados”, dijo el Ejecutivo comunitario.
Para Bruselas, se trata de “una herramienta importante a efectos de la capacidad de negociación al comprar bienes inmuebles o celebrar acuerdos de alquiler: algunas encuestas indican que los compradores pueden estar dispuestos a pagar más por edificios eficientes”.
Además, los Estados miembros también tienen que garantizar la certificación de la eficiencia energética de los edificios y disponer el control periódico de las calderas y de los sistemas de aire acondicionado.
En este sentido, la Comisión consideró que España aún no puso en marcha las medidas necesarias para establecer un régimen de inspección periódica de las calderas. Unas calderas que no funcionen correctamente pueden representar una parte importante de los costes de calefacción, según Bruselas.
En noviembre de 2010, la Comisión solicitó a España, mediante un dictamen motivado, que cumpliera íntegramente los requisitos de la Unión Europea. Aunque las autoridades españolas notificaron las disposiciones para ajustar su legislación a las normas europeas, el Ejecutivo comunitario consideró que no se ha dado aún pleno cumplimiento a estas.
Los edificios son responsables de alrededor del 40% del consumo de energía y del 36% de las emisiones de CO2 en la Unión Europea. La legislación Europea persigue conseguir una reducción significativa del consumo de energía de los edificios, ayudando así a combatir el calentamiento del planeta, y consolidar la seguridad energética de la Unión Europea.
“Un gran ahorro de energía también permitirá a los hogares reducir drásticamente sus facturas, por lo que es esencial que los Estados miembros apliquen plenamente esta legislación”, afirmó la Comisión Europea.
Fuente: energiadiario.com
